La función interventora ha experimentado sucesivas modificaciones en consonancia a la evolución de la propia Administración Pública, de la gestión pública y de la actividad económico-financiera.
La obligación principal de la Administración es el pago del precio convenido, debiendo efectivizarse los pagos con regularidad en la forma establecida, esto es, moneda y plazo determinados.
La contratación pública inteligente es una herramienta esencial para la superación de los problemas que aquejan a la sociedad.
La inobservancia de la debida diligencia exigible al contratista entraña el riesgo de que no sea posible reclamar válidamente el pago por parte de oferentes y contratistas del Estado.
Las contrataciones públicas deben ser analizadas incorporando el examen de los objetivos y las necesidades sociales e institucionales que han de satisfacer.
La publificación del derecho de la contratación pública en Grecia tiene un doble sentido, es decir no sólo de dominio del público sobre lo privado sino también de amplificación de la constitución material, sugerida por el modelo de contratación estratégica.
El procedimiento negociado sin publicidad regulado en la Ley 9/2017 (LCSP) presenta tres cuestiones que no están bien resueltas en la norma.
Contratación Centralizada de bienes, servicios y suministros en la experiencia peruana (y española, se podría añadir).
Las personas con discapacidad parecen las grandes olvidadas de las políticas de contratación pública, en favor de otras políticas sociales.
