¿Es la nueva LCSP un azote contra la corrupción?

Hoy publico esta tribuna en el periódico diarioabierto.es acerca de la nueva LCSP y la corrupción.

Profesionalizar la contratación pública y lograr la verdadera independencia de los empleados públicos son dos requisitos indispensables para mejorar el sistema de contratación pública. La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público rehúye de las figuras del monopolio y el oligopolio, fomentando la concurrencia y el acceso de las Pymes a la contratación pública, simplificando los procedimientos o introduciendo la contratación pública electrónica, que será obligatoria a partir del 9 marzo. Además, esta norma se aleja de la arbitrariedad, apostando por una mayor discrecionalidad técnica al amparo de criterios sociales, medioambientales, de innovación y desarrollo, en aras de una mayor objetividad, motivación y justificación de las decisiones. Y lo logra, sobre todo, al eliminar figuras de contratación directa encubierta —como el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía— o al regular con mayor rigor otras, como el contrato menor.

También apuesta por una mayor transparencia, aumentando las obligaciones de publicidad activa y los controles. De hecho, se crean nuevos órganos de control y se recogen modificaciones importantes en el régimen recursivo específico de esta materia transversal de la actividad administrativa que son los contratos públicos. Y es que, entre los objetivos de esta nueva ley, destacaría los que pretenden:

Lograr una mayor transparencia en la contratación pública.
Conseguir una mejor relación calidad-precio.
Simplificar los trámites.
Mejorar el acceso para las pymes.
Diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro.
Aclarar las normas vigentes y conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, y de defensa de la competencia.

Todas estas cuestiones son…

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