Hemos tenido conocimiento vía Javier Miranzo, profesor del Máster en Derecho de la contratación pública de la UCLM de esta importante noticia 1.

El 16 de abril de 2019 el Parlamento Europeo aprobó, con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, el texto de la Directiva europea para la protección del denunciante.

El texto, que se encuentra pendiente de publicación y que tendrá un plazo de transposición de 2 años, marca un antes y un después en materia de integridad, pues regula por primera vez esta figura a nivel europeo.

Principio de integridad: Objetivo principal de la Directiva de protección del denunciante o «whistleblowers»

Uno de los principales objetivos es el de luchar contra la corrupción en contratación pública, un aspecto que la Comisión ya había puesto de relieve en «Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE ─ Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente» o, posteriormente, en la Comunicación Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa. Y este objetivo queda claro en el considerando 6:

“La protección de los informantes es necesaria para mejorar la aplicación del Derecho de la Unión en materia de contratación pública. Además de la necesidad de prevenir y detectar el fraude y la corrupción en el contexto de la ejecución del presupuesto de la UE, entre otros en los contratos públicos, es necesario abordar la insuficiente aplicación de las normas en esta materia por las autoridades públicas nacionales y determinados operadores de utilidad pública en el momento de adquirir bienes, obras y servicios. Las infracciones de estas normas crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, vulneran los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa, lo que repercute en el correcto funcionamiento del mercado interior.”. 

Novedades principales

Como principales novedades, podemos destacar que se articula un sistema de denuncias a tres niveles, que tienen requisitos diferentes para su utilización y que exigen, de forma ordinaria, el uso de la instancia previa para poder acudir a la siguiente:

  • Nivel 1. Divulgaciones internas a los órganos de recepción internos;
  • Nivel 2. Divulgaciones externas reglamentarias a los organismos competentes (por ejemplo, la autoridad de servicios financieros, de la competencia, o de integridad y buen gobierno) y;
  • Nivel 3. Divulgaciones más amplias a la policía, los medios de comunicación, los miembros del Parlamento y los reguladores no prescritos.

Por tanto, además de la necesidad de articular un canal de denuncia externo que corresponderá al Estado o CCAA, impone la obligación de crear sistemas de denuncias internos a todas las entidades, tanto públicas como privadas, con las siguientes excepciones:

Excepciones

  • en el sector privado, están eximidas de crear dicho canal interno aquellas empresas y entidades privadas que no alcancen los 50 empleados,
  • mientras que, por el contrario, en el caso del sector público, la Directiva deja cierta libertad a los Estados miembros, que podrán (o no) dispensar de la creación de dicho canal de denuncias a las municipalidades de menos de 10.000 habitantes y a aquellas entidades públicas que no superen los 50 empleados.

Previsiones de protección

Por último, también contiene previsiones de protección del denunciante, como:

  • garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante tanto en los sistemas de denuncia internos como externos (artículos 9.1.a y 12.1.a) –no así el anonimato, extremo que la norma europea deja al arbitrio de los Estados Miembros (artículo 5.2)–,
  • prohibir cualquier forma de represalia,
  • o medidas de asistencia a los denunciantes en lo relativo al acceso a la justicia y a la asesoría jurídica.

Necesidad de revisión del marco jurídico español

La aprobación de la directiva hace necesaria una revisión en profundidad del marco jurídico español en la materia de cara a una transposición de la Directiva que, sin lugar a dudas, marcará la agenda anticorrupción en la estrategia de contratación pública en los próximos años, un hito en materia de integridad.

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Anagrama de Jaime Pintos Santiago

Notas   [ + ]

1. Noticia extractada de un texto original de Javier Miranzo Díaz
2. Noticia relacionada |  confilegal.com