Normograma: COVID 19 y la Contratación Pública

Disposición final sexta

Segundo. Cuando la fecha en la que vaya a tener lugar el acto formal de recepción de dichas entregas,… esté comprendida en el periodo de duración del estado de alarma, los representantes designados por la Intervención General comunicarán al gestor si asistirán o no a dicho acto.

Tercero. …, cuando la comprobación de la inversión se realice sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General, … la comprobación de la inversión se justificará con el acta [o con el certificado] de conformidad firmada por quienes participaron en la misma …, en la que se expresará, con el detalle necesario, la circunstancia de haberse ejecutado la prestación o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que hubieran sido previamente establecidas. …, el órgano gestor deberá remitir al Interventor designado en el menor plazo posible el acta de recepción o el certificado suscritos”.

En consecuencia interpreta la imposibilidad de suspender un contrato de limpieza vía art. 208 LCSP, aunque se haya cerrado el edificio público y ya no se pueda realizar la prestación de limpieza.

2. La prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el meritado Real Decreto.

1. Para todas las entidades del sector público estará justificado acudir a la tramitación de emergencia para hacer frente al COVID-19.
2. A todos los contratos para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017.
3. El libramiento de los fondos podrá realizarse a justificar.
4. Los libramientos de los fondos podrán realizarse bien a favor de cajeros en España, bien a favor de cajeros en el exterior, sin perjuicio de que pudiera realizarse igualmente el pago en firme a través del cajero de pagos en el exterior.
Cuando fuera imprescindible podrán realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista.
5. Se excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior.

Anexo 18

DA 5ª. El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020.

Anexo 18. No será objeto de aplicación el permiso retribuido las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, conforme al artículo 3 de la Ley 9/2017.

Disposición adicional 10ª

Disposición final 1ª.10

Disposición final 7ª

– Se amplían los plazos aplicables a los pagos a justificar. Dispondrán de un plazo adicional de un mes para su rendición, y en todo caso hasta transcurrido un mes desde la finalización del estado de alarma.

– Se modifican con efectos de 18 de marzo de 2020 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo el apartado 1, el cuarto párrafo del apartado 3, el apartado 6, y se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 del artículo 34 de este RDLey 8/2020.

– Se modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 29 de la LCSP (Ley 9/2017).

– Se añade la disposición adicional quincuagésimo quinta sobre el régimen jurídico de Hulleras del Norte S.A., S.M.E.» (HUNOSA) y sus filiales y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, como medios propios y servicios técnicos.

las situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, la JCCP las define como todas las licitaciones que se refieran a prestaciones dirigidas a la lucha contra el COVID-19, y recuerda que, conforme al artículo 16.2 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, pueden continuar por los cauces de la tramitación de emergencia del artículo 120 LCSP, sin que puedan someterse a recurso especial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.4 LCSP.

– La publicación de los contratos celebrados por la vía de la tramitación de emergencia.

– La justificación del empleo de este sistema.

– La dación de cuenta al Consejo de Ministros.

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.

3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.

Disposición final séptima y décima

Séptima. Modifica el artículo 159.4.d de la LCSP. Posibilidad de que en el procedimiento abierto simplificado, al igual que en el resto de procedimientos abiertos, la apertura del sobre que contiene los criterios sujetos a juicio de valor se haga mediante medios electrónicos.

Décima. En los procedimientos de los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, no afectará a la posibilidad de interponer dicho recurso la suspensión de plazos prevista en la D.A. tercera del R.D.463/2020, siempre y cuando se trate de contratos en los que la continuación de su procedimiento de contratación haya sido acordada por venir referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Disposición adicional octava

Disposición final octava

Disposición final novena

El pago del anticipo a cuenta no estará supeditado a la prestación de garantía por parte del contratista.

Cuando, como consecuencia del COVID-19, o de las medidas sanitarias o de contención adoptadas al respecto, tenga lugar la resolución de contratos de interpretación artística y de espectáculos de cuantía no superior a 50.000 euros, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la causa prevista en la letra g) del apartado 1 del artículo 210 de la misma, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización a favor del contratista que no podrá ser inferior al 3, ni superior al 6 por ciento del precio del contrato.

En estos supuestos, no será de aplicación lo previsto en el artículo 213.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.”

Disposición adicional octava. Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma.

Disposición final octava. Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Disposición final novena. Enésima modificación del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que queda modificado con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020.

Artículo 8. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales.
Artículo 9. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.