Una compra pública íntegra. Las capas de conocimiento de la LCSP (2ª)

La importancia que hoy revisten los principios generales deriva entre otras razones de la inseguridad jurídica que genera la enorme corriente modificadora de las normas y la dispersión legislativa que eso supone, de forma que muchas veces se tornan en el instrumento idóneo para resolver el caso concreto.

Puedes acceder a la 1ª capa de conocimiento anterior en el siguiente enlace: Una compra pública transparente. Las capas de conocimiento de la LCSP (1ª)

Índice de Contenidos

1 Desaparecen las instrucciones internas de los PANAPS
2 Regulación de los Conflictos de Interés como base de una compra pública íntegra
3 Confidencialidad
4 Más Información
5 Gráfico: Una compra pública íntegra

De ahí deriva también la importancia de su positivización en el Derecho escrito, en aras de esa mayor seguridad jurídica. Ejemplo claro que encontramos en el principio de integridad, ahora incorporado al artículo 1 de la LCSP, pero ya vigente desde el origen de los tiempos del Derecho, dado que los principios generales del Derecho no se inventan, sino que se descubren, porque ya están ínsitos en el ordenamiento, puesto que lo inspiran, lo informan.

Este principio de integridad debe ser entendido como una actuación recta, proba, intachable, honorable, adoptando las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

Desaparecen las instrucciones internas de los PANAPS

En el Libro III se recoge la regulación de los contratos de poderes adjudicadores no Administración Pública, en donde la principal novedad es la supresión de las instrucciones de contratación, así como del resto de entes del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, estableciéndose claramente la regulación que les resulta aplicable.

En efecto, como se ha dicho antes y al objeto de conseguir una compra pública íntegra, se suprimen las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores, unificándose así más, en aras de la integridad el régimen jurídico aplicable de la totalidad de poderes adjudicadores.

Regulación de los Conflictos de Interés como base de una compra pública íntegra

La lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de intereses (art. 64) es una novedad intrínsecamente ligada al principio de integridad incluido por primera vez en el artículo 1 de la LCSP y que deriva igualmente de los artículos 16 y 24 de la Directiva 2014/24/UE.

La Ley impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación, mientras que el art. 64 añade que se hará con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

Confidencialidad

El deber de confidencialidad del órgano de contratación (art. 133) así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación, algo que ya venían reconociendo los tribunales administrativos de recursos contractuales.

Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.