Procedimiento administrativo. Fondos Next Generation EU

La ejecución de los fondos de recuperación aprobados por la Unión Europea implica la modificación de las normas reguladoras del Procedimiento administrativo español.

Partiendo de la regulación general establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), el RD-Ley 36/2020 establece unas especialidades dirigidas a hacer más eficaz la gestión procedimental de tales fondos.

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Especialidades en la Tramitación de los Procedimientos Administrativos vinculados a la Ejecución de los Fondos Europeos

El capítulo II del título IV del RDLey 36/2020 recoge las especialidades en la tramitación de los procedimientos administrativos para la ejecución de los fondos europeos.

En este sentido, la principal medida que establece es la declaración de tramitación urgente de los procedimientos que estén vinculados a la ejecución de los fondos incluidos en el ámbito de aplicación del RDLey 36/2020.

También prevé la agilización de los procedimientos de aprobación de las normas que deban adoptarse en el marco de la ejecución de los fondos europeos para el cumplimiento del Plan español de Recuperación, declarándose la aplicación de la tramitación de urgencia prevista en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

En particular, se reducen a la mitad los plazos para la emisión de informes, consultas y dictámenes, pudiendo continuar la tramitación en el caso de que no se hayan recibido dentro del plazo previsto (dejando constancia de ello en la memoria del análisis de impacto normativo).

Por otra parte, se contempla la tramitación urgente y despacho prioritario de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el PRTR, reduciéndose los plazos a la mitad (salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos).

La Normativa Básica vigente sobre Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

Las principales normas del Derecho administrativo español son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que derogaron la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP); y recogen principalmente su contenido.

Las exposiciones de motivos tanto de la LPAC como de la LRJSP plantean una reforma del ordenamiento jurídico administrativo articulada en torno a dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas.

La LPAC establece una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los ciudadanos (los “administrados” en la terminología que adoptan la LPAC y la LRJSP), tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

Por su parte, la LRJSP comprende la regulación «ad intra» del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. Abarca así, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.

La LRJSP contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

Procedimiento Administrativo Común: El Silencio Administrativo

A pesar de la creencia de que el conocimiento del funcionamiento del procedimiento administrativo común es necesario para cualquier persona que se relacione con la Administración, no considero apropiada la explicación de todo lo relacionado con el mismo en el presente post, dada la amplísima extensión que una correcta explicación del procedimiento administrativo común supondría.

Sin embargo, es de suma importancia destacar el papel y funcionamiento del silencio administrativo, ya que, en muchas ocasiones, los interesados en un procedimiento no reciben contestación alguna y no disponen de las herramientas necesarias para actuar en dichos casos. Así pues, el silencio administrativo no es más que otra forma de terminación de los procedimientos administrativos, que actúa únicamente en aquellos supuestos en los que la Administración no ha dictado una resolución expresa ni la ha notificado.

Se trata de una ficción legal que se presume en los supuestos de inactividad de la Administración pública como una garantía para los particulares. Esto es así porque la jurisdicción contencioso-administrativa se caracteriza por su carácter revisor y dado este carácter sólo se puede acudir a la jurisdicción cuando se haya producido el acto administrativo. Para evitar la indefensión del ciudadano cuando no tiene un acto concreto que impugnar, se ha establecido el silencio administrativo, que otorga a la inactividad un determinado sentido.

El silencio administrativo sólo tiene virtualidad en los procedimientos iniciados a solicitud del ciudadano y en garantía del mismo, porque si se inicia de oficio por la Administración y el procedimiento no se resuelve en plazo se aplicará la caducidad. No obstante, tanto si un procedimiento se inicia de oficio como a instancia del particular, la Administración está obligada a dictar resolución expresa (art. 21.1 LPAC).

El silencio puede ser:

Si se entienden estimadas las pretensiones del ciudadano.

Si se entienden desestimadas las pretensiones del ciudadano.

En la LPAC el silencio administrativo, según el art. 21, se produce cuando la Administración no resuelve expresamente y notifica en plazo la decisión administrativa. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa dependerá de lo que las normas establezcan para cada procedimiento concreto. Ahora bien, este plazo no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (art. 21.2). Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver y notificar, éste será de 3 meses (art. 21.3).

El plazo se contará desde la fecha en que la solicitud del ciudadano haya tenido entrada en el registro electrónico.

La regla general es la consideración del silencio como positivo, de modo que, como dice el art. 24.1, los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes. Pero también se prevén excepciones, de modo que el silencio será negativo:

Cuando una norma con rango de Ley o norma de Derecho de la Unión Europea así lo indique.
Cuando el ciudadano ejercite el derecho de petición establecido en el art. 29 CE.
Cuando los procedimientos tuvieran como resultado la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Cuando se produzca EN la resolución de los recursos administrativos.- Así, cuando se interpone un recurso de alzada o de reposición, el particular verá desestimada su pretensión pasados 3 meses y 1 mes respectivamente.

Ahora bien, hay una excepción a la excepción: en el recurso de alzada dos silencios administrativos negativos hacen uno positivo. Así, si el particular interpone un recurso de alzada contra una desestimación presunta de la Administración, si ésta no resuelve en plazo el recurso, el ciudadano podrá entender estimadas sus pretensiones. Sería un modo de castigar a la Administración por su pasividad.

Respecto a la forma de producción del silencio, se producirá de forma automática por el transcurso del tiempo cuando la Administración no resuelve y notifica en el plazo previsto.

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido.

Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración.