El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la contratación pública

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende el Derecho de la Unión Europea, aplicándolo y resolviendo todo tipo de controversias que se susciten en relación con dicho Derecho, tanto en las relaciones entre la Unión y los Estados miembros, como entre los Estados entre sí, como en las relaciones en las que intervengan los ciudadanos de la Unión.

Es la institución jurisdiccional comunitaria, que no se debe confundir con el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, también conocido como Tribunal de Estrasburgo (que es donde tiene su sede este último órgano jurisdiccional), dado que éste es un tribunal que no tiene ningún vínculo ni relación con la Unión Europea. Se trata, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un tribunal internacional independiente máximo exponente en la defensa del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma en 1950 e inspirado en la Declaración Universal de Derecho Humanos proclamada por la ONU en 1948.

El Tratado de Lisboa o Tratado de Reforma

En definitiva, la misión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiste en velar por que el Derecho de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en todos los países de la Unión Europea, garantizando así que la ley sea igual para todos.

Al sistema judicial compuesto de la Unión Europea y sobre todo al Tribunal se hace especial mención, ya que en materia de contratación pública nos encontramos con una normativa a cuya formación ha contribuido el TJUE, de forma que cada una de las cuatro generaciones de Directivas no han sido sino en gran medida un reflejo de la incorporación de la doctrina sobre contratación pública del TJUE habida en los periodos entre Directivas.

Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su misión de garante del respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, formula con mucha frecuencia categorías generales (principios) que unas veces tienen el carácter de desarrollo de categorías ya contempladas normativamente, y otras, las más, implican una construcción ‘ex novo’ ante el silencio normativo al respecto. Para el desarrollo de esta labor creativa, el Tribunal acude con normalidad a los Derechos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

En efecto, es doctrina reiterada por el máximo órgano judicial europeo la que señala que en el ejercicio de los poderes que les confieren las Directivas comunitarias los Estados miembros deben respetar los principios generales del Derecho que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de junio de 2000, Schlossstrasse, C396/98, Rec. p. I4279, apartado 44, y de 26 de abril de 2005, Goed Wonen, C 376/02, Rec. p. I 3445, apartado 32).

Consiguientemente, y para concluir, es obligado remarcar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución que ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del ordenamiento jurídico comunitario y, por ende, de los ordenamientos jurídicos nacionales de los distintos Estados miembros. Más si cabe que en otras ramas del derecho en el de la contratación pública.

El Derecho de la Unión Europea

Ordenamiento jurídico que es el legítimo fundamento de la Unión Europea y que confiere a esta su carácter de comunidad de derecho, dado que la contribución de este ordenamiento a la solución de los problemas políticos, económicos y sociales de los Estados miembros es de un valor incalculable, que se debe en buena parte a la actividad y a los principios generales, los de las contratación pública también, instaurados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a lo largo de su ya dilatada práctica judicial.

Principios generales en defensa, entre otros bienes protegidos, de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de la Unión Europea, como puede ser el de igualdad de acceso y a la libre concurrencia de los postores a las compras públicas, que han permitido la aplicación y la eficacia del Derecho de la Unión Europea, a través también de su posterior plasmación en el propio derecho positivo de la Unión Europea y de los Estados miembros.